En un escenario marcado por la expectativa generada ante la propuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de crear un decreto para fortalecer la colaboración entre la Fuerza Pública y las empresas de seguridad privada en Colombia, el gremio de la seguridad privada se manifiesta con inquietudes y propuestas constructivas.
Según informes de EL TIEMPO, el Gobierno busca modificar el Decreto 3222 de 2002, que regula la vigilancia y seguridad privada, con el propósito de otorgar a los guardas de seguridad el estatus de gestores de seguridad y convivencia. Además, se pretende mejorar la cooperación con la Fuerza Pública para robustecer la seguridad ciudadana en el país.
Desde la perspectiva del gremio de seguridad privada, representado por Juan Carlos Medina, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), surgen inquietudes y propuestas constructivas que buscan tanto proteger los derechos laborales como mejorar la eficiencia en la seguridad ciudadana.
Medina reconoció que la seguridad privada cuenta con una red de información y comunicación que podría contribuir de manera significativa a la seguridad ciudadana, permitiendo anticipar eventos delictivos. Enfatizó la capacidad del gremio, que cuenta con alrededor de 100,000 guardas de seguridad y 394,000 en Colombia, así como 27,000 vehículos y 990,000 medios tecnológicos.
El presidente de Andevip sugirió que, de implementarse la alianza propuesta por el Gobierno, los vigilantes podrían detener a implicados en delitos flagrantes y colaborar con la Policía al entregar pruebas materiales, sin que esto implique una pérdida de competencia para la institución policial.
Sin embargo, el gremio alberga dudas sobre la viabilidad financiera y la implementación práctica de esta alianza con la Fuerza Pública. Por esta razón, solicitan conocer el borrador del decreto anticipadamente para revisarlo y presentar sus inquietudes y propuestas antes de que la norma entre en vigor.
«Es necesario conocer el impacto económico: el aporte del Gobierno Nacional y el porcentaje que asume la seguridad privada», destacó el presidente de Andevip. Además, se señaló la urgencia de acelerar el trámite, ya que el próximo 1 de enero asumirán nuevos mandatarios territoriales, y es crucial asignar recursos en los próximos planes de desarrollo para proyectos que beneficien la Red de Gestores de Seguridad Ciudadana.
En respuesta a esta coyuntura, la Confederación General del Trabajo (CGT) en Colombia, a través de su Secretario General, aborda la situación desde la perspectiva sindical, enfocándose en la protección de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales, especialmente para aquellos dedicados a funciones de vigilancia y seguridad.
La propuesta de transformar a los guardas de seguridad en gestores de seguridad y convivencia es vista por la CGT como una oportunidad que, de implementarse correctamente, podría beneficiar tanto la seguridad ciudadana como las condiciones laborales de los trabajadores en el sector de seguridad privada.
Desde la óptica sindical, se destaca la necesidad de establecer reglas claras y garantías laborales en el marco de esta alianza. Se insta al Gobierno a incluir en el proceso de modificación del Decreto 3222 de 2002 las mejoras necesarias para proteger los derechos de los trabajadores y promover condiciones laborales dignas.
La CGT propone la realización de un diálogo inclusivo entre los representantes sindicales, las autoridades gubernamentales y los actores del sector de seguridad privada. Este diálogo permitirá abordar de manera integral las inquietudes y propuestas de los trabajadores, así como asegurar que cualquier cambio normativo beneficie a toda la sociedad.
Además, se destaca la importancia de abordar temas específicos, como las condiciones salariales, los horarios laborales y la capacitación continua de los trabajadores en seguridad privada. La CGT aboga por la inclusión de cláusulas que aseguren la estabilidad laboral, el acceso a beneficios y el reconocimiento de la labor de los trabajadores en esta nueva dinámica propuesta por el Gobierno.
En este sentido, la CGT hace un llamado a la transparencia y la participación activa de los sindicatos en la definición de los términos y condiciones de la alianza. La protección de los derechos laborales es esencial para el desarrollo equitativo de cualquier iniciativa que involucre a los trabajadores, y la CGT se compromete a trabajar en conjunto para lograr un marco normativo que garantice estos principios.
En conclusión, la postura de la CGT es la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de los trabajadores en el sector de seguridad privada, en el marco de la propuesta de alianza con la Fuerza