En un escenario político y laboral que demanda precisión y escrutinio crítico, la reciente derogación del decreto 1174, que reglamentaba el piso de protección social en Colombia, revela no solo un cambio en las políticas laborales, sino también desafíos profundos en la democracia interna de la Confederación General del Trabajo (CGT). Este análisis se adentrará en las complejidades técnicas y políticas que rodean este acontecimiento, así como en la falta de respeto a la autonomía sindical y las decisiones gubernamentales que han marcado este cambio.
La Ambigüedad en la Representación Sindical
La Confederación General del Trabajo (CGT), destacada como una de las principales centrales sindicales en Colombia, se encuentra actualmente inmersa en una compleja y delicada disputa interna, desencadenada por el lamentable fallecimiento de Julio Roberto Gómez Esguerra. Esta situación ha generado una serie de tensiones que han permeado en la esfera de la legitimidad, particularmente en lo que respecta a la figura de Percy Oyola Paloma, quien ostenta respaldo, de manera polémica, por parte de la ministra del Trabajo.
La controversia se manifiesta con particular intensidad en tres facciones claramente delineadas al interior de la CGT, cada una liderada por figuras destacadas como Miriam Luz Triana, Percy Oyola Paloma y Jaime Cortes Suarez. Cada una de estas facciones cuenta con el apoyo de federaciones sindicales distintas, acentuando la división dentro de la CGT. Es importante destacar que Percy Oyola Paloma, representante de los trabajadores estatales y respaldado por seis federaciones, se encuentra bajo un escrutinio considerable respecto a su legitimidad por parte de otras facciones dentro de la CGT.
Jaime Cortes Suarez, respaldado por un considerable número de 13 federaciones, y Miriam Luz Triana, con el apoyo de 6 federaciones, consolidan estas facciones en medio de un escenario de incertidumbre y polarización. Este entorno de división resalta la imperante necesidad de abordar con urgencia los desafíos democráticos que enfrenta la CGT. La toma de decisiones en medio de esta coyuntura requiere un enfoque cuidadoso y transparente para preservar la integridad y representatividad de la fuerza laboral en todo el país.
Resulta esencial considerar que el respaldo a Percy Oyola Paloma por parte de la ministra del Trabajo añade un elemento adicional de complejidad a esta situación. Este respaldo, en medio de la disputa sobre su legitimidad, plantea interrogantes sobre la autonomía sindical y la independencia de la CGT en la toma de decisiones que afectan a sus miembros. El rol de la ministra del Trabajo en este contexto requiere un análisis crítico, especialmente en lo que respecta a la imparcialidad y la salvaguarda de los derechos laborales.
La Autonomía Sindical en la Cuerda Floja
La decisión del Gobierno de respaldar a Percy Oyola Paloma, a pesar de la falta de consenso interno en la CGT, plantea cuestionamientos serios sobre la autonomía sindical. La ministra del Trabajo, al parecer, ha priorizado la afinidad política sobre el respeto a la democracia interna de los sindicatos. Esta interferencia gubernamental en los asuntos sindicales socava los principios fundamentales de la autonomía sindical y debilita la capacidad de los trabajadores para representarse a sí mismos de manera efectiva.
La Derogación del Decreto 1174 y sus Implicaciones Laborales
El decreto 1174, creado en 2020 como un piso de protección social para trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo, ha sido objeto de críticas de los sindicatos desde su implementación. Se le ha tachado de «reforma laboral disfrazada» que, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, promueve el empleo por horas y limita el acceso a la pensión.
Las críticas de los sindicatos no son infundadas. La afiliación al régimen subsidiado de salud para estos trabajadores ha generado problemas, como el no reconocimiento de licencias de maternidad, paternidad e incapacidades. Además, los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) se perciben como una barrera para acceder a una pensión, despojando a los trabajadores de la posibilidad de una jubilación digna.
La Intervención de la OIT y el Gobierno
El acuerdo entre el Gobierno y las tres centrales sindicales para derogar el decreto 1174 surge a raíz de una queja interpuesta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace más de tres años. Sin embargo, la conciliación voluntaria, presentada como un hecho histórico en el continente americano, plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza del acuerdo. ¿Es realmente un avance en la protección de los derechos laborales o una estrategia política para apaciguar tensiones?
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, justifica la derogación alegando que el decreto ya estaba inactivo según la sentencia 276 de la Corte Constitucional. No obstante, la falta de atención a las críticas sindicales y la decisión de respaldar a un líder sindical sin la debida legitimidad democrática plantean dudas sobre la sinceridad del Gobierno en su compromiso con los derechos laborales.
¿Qué Pasará con los Afiliados?
Una vez derogado el decreto 1174, el Gobierno se compromete a promover iniciativas normativas para afiliar a trabajadores de menores ingresos al Sistema de Seguridad Social Integral. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre estas iniciativas genera incertidumbre sobre cómo se protegerán los derechos de los trabajadores en el nuevo marco normativo.
El compromiso de reuniones periódicas entre el Gobierno y los sindicatos para hacer seguimiento al cumplimiento de lo estipulado suena esperanzador, pero la realidad es que la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones y la intervención gubernamental sin considerar la voz de las bases sindicales plantean serias dudas sobre la efectividad de estas medidas.
La Ministra del Trabajo: Entre la Reforma Laboral y la Protección Social
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, emerge como una figura central en este escenario. Su apoyo incondicional a Percy Oyola Paloma, a pesar de la disputa interna en la CGT, sugiere una inclinación hacia las reformas laborales propuestas por el Gobierno, sin importar las divisiones internas de los sindicatos.
Este respaldo a Percy Oyola Paloma, no elegido legítimamente por las bases de la CGT, parece ser una estrategia para garantizar el respaldo sindical a las futuras reformas laborales. Esta situación plantea preguntas sobre la verdadera agenda de la ministra y hasta qué punto está dispuesta a comprometer los derechos laborales en aras de las reformas propuestas por el Gobierno.
La Desaparición del Piso de Protección Social: Consecuencias y Alternativas
La desaparición del piso de protección social, creado en el gobierno de Duque, deja a 61,000 beneficiarios en una situación de vulnerabilidad. Este sistema, que ofrecía beneficios similares a los del régimen subsidiado y los BEPs, ahora se esfuma sin una alternativa clara y efectiva.
Aunque las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro contienen medidas que podrían equipararse al piso de protección social, algunos expertos sostienen que la ventaja del «todo en uno» que proporcionaba el piso social se pierde en las nuevas propuestas. La posibilidad de cotizar por semanas en la reforma pensional y el cubrimiento de salud a través del régimen subsidiado son pasos positivos, pero ¿constituyen un reemplazo adecuado para el sistema anterior?
Perspectivas Futuras
La derogación del decreto 1174 y la desaparición del piso de protección social marcan un punto de inflexión en las políticas laborales de Colombia. La falta de democracia interna en la CGT y la intervención gubernamental sin considerar las voces sindicales debilitan la posición de los trabajadores en la mesa de negociación.
La ministra del Trabajo, al respaldar a un líder sindical sin la debida legitimidad democrática, arroja sombras sobre su compromiso con la protección de los derechos laborales. El futuro de la protección social en Colombia depende de la transparencia en el proceso decisional, el respeto a la autonomía sindical y el diálogo constructivo entre el Gobierno y los representantes legítimos de los trabajadores. En un momento crucial para los derechos laborales en Colombia, es imperativo que se restablezca la confianza entre todas las partes involucradas y se trabaje hacia un sistema que promueva la equidad y la justicia para todos los trabajadores del país.